Seis meses después del asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, treinta periodistas coordinados por Forbidden Stories han reanudado sus investigaciones sobre la corrupción masiva en la provincia de Córdoba, revelando un sistema de favoritismo en la adjudicación de contratos públicos. Una práctica que podría implicar varios millones de euros.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
“Si me van a matar, mátenme. Pero les digo de frente: no me van a silenciar”. El pasado 21 de julio, en un video de 37 minutos difundido en directo en Facebook, el periodista Rafael Moreno denunció vigorosamente el desvío de dinero público que investigaba en la provincia de Córdoba, en el norte de Colombia. Basándose en datos sólidos, citó contratos que, en su opinión, fueron artificialmente inflados, mencionó obras inconclusas, nombró a empresas y dejó clara su determinación. “Roban al municipio (…) alguien debe poner el dedo en la llaga (de la corrupción (N. del E.)) en esta provincia”, dijo, cabeza cubierta por una gorra y vestido con una chemise blanca, marcada con el nombre de su medio.
Esta provincia, donde él mismo residía, es un corredor estratégico en la ruta del narcotráfico. Los acuerdos de paz de 2016 con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) no pusieron fin a los conflictos civiles ni tampoco a los escándalos de corrupción, en los que se especializó el periodista, llegando casi a la obsesión. En la página de Facebook de su medio Voces de Córdoba, que lanzó en 2018, Rafael Moreno no se callaba ante nadie. Sus 56.000 suscriptores seguían con atención los escándalos que denunciaba casi a diario, y que involucraban tanto a políticos locales como a empresas mineras y grupos paramilitares. Con su tono voluntariamente excesivo, se ganó una fama local que lo dejó expuesto.
En su video del 21 de julio, el periodista, de 37 años, habló de la amenaza más reciente que recibió el 2 de julio, en el baúl de su motocicleta. Frente a la cámara, exhibió la bala de una pistola, acompañada de una carta anónima. “Sabemos todos los movimientos que haces dónde vas, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas”, leyó el periodista, con una voz entrecortada, pero firme. “Ya sabemos dónde tomas trago en Montelíbano, mejor dicho sabemos todo de ti, no te vamos a perdonar lo que estás haciendo. Así, que ya sabe parcero, este resto de proveedor de esta 9 [milímetros] está listo esperando por ti”.
Menos de tres meses después de la difusión de este video, poco después de las 19h del 16 de octubre de 2022, Rafael Moreno está cerrando la caja del Rafo Parrilla, el restaurante de comida rápida que compaginaba con su trabajo de periodista. De pronto, un hombre penetra en el edificio, la cabeza cubierta por una gorra. El individuo saca una pistola y le dispara tres veces. Rafael Moreno fallece al instante. Hasta la fecha, su asesino sigue en libertad.
Durante seis meses, 30 periodistas de investigación retomaron su trabajo, como él lo deseaba. Apenas unos días antes de su asesinato, estaba en contacto con Forbidden Stories para poner a salvo sus archivos a través de la SafeBox Network. Esta red ofrece a periodistas amenazados, en cualquier lugar del mundo, la posibilidad de proteger sus investigaciones más sensibles. En caso de ser secuestrados, encarcelados o asesinados, Forbidden Stories y sus socios colaboradores pueden continuar el trabajo de estos periodistas y difundirlo de manera masiva.
Gracias a cientos de documentos y de correos electrónicos del periodista de Voces de Córdoba, el consorcio de periodistas que representa Forbidden Stories continuó las investigaciones de Rafael Moreno sobre los casos de corrupción local y de desvíos de dinero público, y publicó los hallazgos en 32 medios internacionales.
Forbidden Stories ha descubierto el sistema de clientelismo a gran escala que impera en la provincia de Córdoba, analizando de manera sistemática los contratos públicos de los municipios que investigaba el periodista, además de realizar trabajo de campo y entrevistas a numerosas fuentes. El consorcio ha desvelado el desvío masivo de varios millones de euros de recursos públicos perpetrado en cinco municipios de la región.
Cuatro días después del asesinato de su esposo, Kiara Moreno regresó por primera vez al apartamento que el periodista utilizaba como oficina. La acompañaban varios familiares y periodistas del consorcio Forbidden Stories.
Sobre la mesa se apilaban una montaña de actas administrativas y cientos de solicitudes de información relacionadas con adjudicaciones de contratos públicos. En Colombia, estas solicitudes se han convertido en una herramienta útil para obtener información sobre temas de interés público. En el sur de Córdoba, Rafael Moreno era uno de los únicos en enviar este tipo de peticiones, que funcionan relativamente bien, pero pueden exponer a su autor a represalias. En los días previos a su muerte, había enviado cuatro.
Para sobrevivir y cubrir las necesidades de su familia, en una región donde ningún medio podría financiar investigaciones incómodas y que requieren mucho tiempo, Rafael abrió, a principios de 2022, un pequeño car wash, y luego su puesto de comida Rafo Parrilla, que inauguró apenas tres semanas antes de ser asesinado. Cada semana, hacía recorridos de cinco horas en el carro de un amigo para comprar pescado y venderlo a sus vecinos.
Pese a realizar tres actividades a la vez, el periodista siempre conseguía tiempo para difundir videos en su página de Facebook, Rafael Moreno - Periodista Investigador, y la de su medio Voces de Córdoba. En su plataforma, que usaba como espacio de denuncia, nadie era intocable: consejeros, alcaldes, gobernadores… hasta sus colegas periodistas podían convertirse en diana de los ataques feroces -y a menudo muy bien documentados- del periodista. Su hermana menor, Maira Moreno, de quien era muy cercano, recuerda haberle dicho: “Vas demasiado lejos, hasta podrías denunciarme a mí, tu hermana”. Y que éste le contestó: “Sí, si haces cosas malas”. No conocía límite alguno, ni siquiera los lazos de amistad lo frenaban cuando se trataba de corrupción. Rafael Martínez, número dos en el municipio de Puerto Libertador y amigo del reportero durante más de dos décadas –situación que no le protegía de sus publicaciones-, confirmó a un miembro del consorcio de medios: “Tiró piedras a muchos lados. Puede haberlo asesinado cualquiera”.
El 7 de octubre de 2022, Rafael Moreno sabía que su vida corría peligro. Empezó a compartir con los equipos de Forbidden Stories encargados de la SafeBox Network múltiples documentos de una investigación que lo tenía absorto: “Estamos llevando a cabo una investigación muy rigurosa y nos enfrentamos a muchos problemas. Se trata, prácticamente, de un modus operandi en el que las administraciones públicas, los empresarios y los consorcios aprovechan el lecho del río de Uré y sus arenas para realizar obra pública, sin tener ningún permiso, licencia o título de concesión”.
Rafael Moreno había descubierto que decenas de camiones llegaban a diario a las orillas de un río ubicado en el límite de un parque natural protegido, y cargaban arena destinada a obras públicas, de manera totalmente ilegal según el periodista. Cuando investigó acerca de los responsables, el reportero se percató de que uno de los lugares de extracción pertenecía presuntamente al clan Calle, una de las seis familias políticas que se disputan el poder en Córdoba.
Como de costumbre, Moreno no hizo las cosas a medias. Se grabó en vivo desde la propiedad y realizó su denuncia pública, frente a una retroexcavadora. El video se difundió en redes sociales, y afectó a la imagen del influyente clan.
El terreno pertenece a Carmen Aguas, la esposa de Gabriel Calle Demoya, el patriarca de la familia. Calle fue diputado por la provincia y alcalde de Montelíbano (2012-2015), una ciudad estratégica en la región. Calle ha sido blanco de varias investigaciones, entre otros cargos, por celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito. Su familia está vinculada al tráfico de drogas; su primo, César Cura Demoya, ha sido condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Uno de sus hijos, Gabriel Calle Aguas, fue director de una de las campañas municipales del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y jefe de oficina del ministro del Interior; actualmente, es candidato para la gobernación de Córdoba en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre de 2023.
Yamir Pico, primo de Rafael Moreno –y también periodista–, considera que este caso es "extremadamente sensible", particularmente en temporada electoral. “Rafael se metió en la propiedad privada de los Calle; es una familia sobre la que solemos publicar información con precaución, porque sabemos de lo que son capaces”. Tres periodistas cercanos a Rafael Moreno, incluyendo Yamir Pico, retomaron la nota del reportero. Todos recibieron amenazas después de su asesinato.
Interrogado por el consorcio, Gabriel Calle Demoya rechaza cualquier responsabilidad en la extracción de arena: “Entonces el gran problema no sería Gabriel Calle, supuesto dueño de la cantera ilegal. Serían los que están ejecutando obras con material de cantera todo ilegalizado”. El exalcalde de Montelíbano añadió que los camiones habían sido grabados en una carretera pública, no en la propiedad de su mujer, aunque el catastro no menciona la existencia de una carretera pública en este lugar.
Al revisar las matrículas de un camión de carga que aparecía en el video de Rafael Moreno, Forbidden Stories pudo encontrar a su dueño: la empresa constructora JV Ingeniería, cuyo representante legal es un tal Juan Carlos Amador Carrascal, quien no ha respondido a nuestras peticiones. El hombre ya se había hecho notar en 2012, cuando estuvo involucrado en un caso de obras mal realizadas en una escuela. Un mal funcionamiento en el sistema de tratamiento de aguas negras propagó olores nauseabundos en los salones de clases. El 12 de octubre, es decir, cuatro días antes de su asesinato, Rafael Moreno envió solicitudes de información al municipio para conseguir documentos sobre el río de Uré y la propiedad de los Calle. La respuesta llegó dos días después de su muerte.
Contactado por Forbidden Stories, Custodio Liborio Acosta Urzola, el alcalde de San José de Uré, donde se halla la propiedad de los Calle, ha declarado que “la entidad no tiene conocimiento alguno sobre la extracción de material en la rivera de la Quebrada de Uré” y que había realizado “monitoreo sobre los posibles puntos donde pudiese extraerse material de esta denominación encontrándonos que esta actividad no se lleva a cabo”.
El clan Calle no es la única familia política que atraía la atención del periodista en la región. Desde años atrás, investigaba a otra familia, igual de poderosa y peligrosa. Rafael Moreno había tenido vínculos personales con ella; de hecho, estuvo a punto de ser uno de sus miembros. Además, esta familia fue, irónicamente, una de las razones por las que se dedicó al periodismo.
Oriundo de Puerto Libertador, un pueblo retirado de la región de Córdoba en disputa entre guerrilleros y paramilitares, Rafael Moreno no estaba destinado a ser periodista. Durante su adolescencia, empezó a trabajar en una mina de oro de un pueblo vecino; posteriormente se dedicó a la recolección de hojas de coca, y luego se afilió al Ejército para realizar su servicio militar. Cuando regresó, a los 20 años, tejió una amistad con un hombre que cambiaría su vida: Espedito Duque.
Este político, quien reivindica su pasado como recolector de limones, tenía un sueño: sacar del poder al clan Carrascal, que controlaba las riendas de la provincia por cerca de una década. Su aspecto bonachón inspiraba confianza, y sabía cómo hablar ante una multitud. Se presentaba como el primer candidato del pueblo. Su discurso sobre la justicia social y la dignidad de los pobres hizo efecto en Rafael Moreno. Ambos desarrollaron una relación casi filial. “¡Él era como un hijo!”, confirma Espedito Duque al consorcio. Rafael puso a toda su familia al servicio de la campaña de Espedito Duque para la alcaldía municipal de Puerto Libertador. Maira Moreno, su hermana menor, recuerda: “Hacíamos todo por él, Rafael era su brazo derecho, prácticamente era su director de comunicación”. Después de dos fracasos electorales y 12 años de lucha, Espedito Duque finalmente resultó electo en 2015.
Rafael Moreno empezó a trabajar para el nuevo alcalde. Instaló generadores eléctricos en zonas sin luz, una tarea que, según sus cercanos, llevó a cabo de la mejor manera. La alcaldía le otorgó una beca para estudiar un semestre de Derecho, pero rápidamente sus relaciones con Espedito Duque se degradaron.
Como no venían los cambios que su mentor había prometido, Rafael perdió la paciencia. Peor aún: Espedito Duque nombró a funcionarios de administraciones pasadas para los puestos claves. Estas decisiones cayeron sobre Moreno como baldes de agua helada, pues vio articularse el mismo esquema político de antaño. Terminó apartado del equipo, hasta que rompió definitivamente con Duque, en 2017. “Cuando ganamos, recuerdo que abracé a la madre de Espedito Duque y le agradecí dar luz a nuestra esperanza. Pero estaba equivocado, y me causa tristeza recordarlo. (…) Nos hizo creer que cambiaría las cosas y, para conseguirlo, se rodeó de las mismas personas que tanto habíamos criticado, y que tanto retrasaron nuestra esperanza de llegar a la alcaldía municipal”, deploró Rafael Moreno en una publicación en Facebook el 11 de septiembre de 2021.
En diciembre de 2018, el militante decepcionado se lanzó al periodismo, y abrió su medio digital para publicar investigaciones sobre la administración de Duque, de la que había sido expulsado.
Una revancha personal según Espedito Duque, quien aceptó responder al consorcio: “¡Expresó que iba a hacer lo imposible por destruir el proyecto político, se llenó de odio, rabia y resentimiento!”
El reportero analizó de manera sistemática los contratos públicos otorgados por el equipo de quien fuera su mentor, y luego por el de su sucesor, Eder John Soto. Prestanombres de Duque, Soto fue electo en 2020 gracias a las aportaciones financieras del alcalde: la hermana de su esposa donó cerca de 20 millones de pesos colombianos, equivalentes a 14.000 euros, a su campaña. Espedito Duque logró sacar a un clan del poder, pero formó uno nuevo a su alrededor.
Bajo la administración de su protegido, Espedito Duque sigue siendo el verdadero jefe del clan, tal y como confiesa en una entrevista con el consorcio un funcionario de la provincia que prefiere mantener el anonimato por temor a eventuales represalias: “Duque decide sobre todo lo que es importante en el municipio. Recibe en su casa, a partir de las 11 de la noche o de medianoche, hasta las 3 de la mañana. Todo el mundo va para pedirle favores, contratos, nombramientos o respaldos”, afirma.
Desde su ruptura con Espedito Duque, Rafael Moreno se quedó con una idea en mente: exponer la corrupción masiva y sistemática del clan Duque.
El periodista tenía su método: navegaba en la página oficial de la provincia, donde aparecen los contratos de obra pública de la administración, descargaba los documentos, verificaba minuciosamente los presupuestos y planes ejecutivos, y visitaba el lugar para verificar si las obras se habían llevado a cabo como estaba previsto.
Desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, en 2016, el dinero ha llovido a cántaros en cinco municipios de la provincia, particularmente afectados por el conflicto: más de 90 millones de euros se invirtieron ahí. En teoría, estos recursos debían financiar 130 proyectos de construcción de carreteras, programas educativos, planes de viviendas e infraestructura energética. Por ello, Rafael Moreno puso la lupa sobre los contratos que estas cinco alcaldías otorgaron. Gracias a las leyes de transparencia, el reportero pudo conseguir los contratos y los desmenuzó con la ayuda de los conocimientos que recibió durante sus estudios de Derecho.
Publicadas en Facebook, la red social más popular en el país, las investigaciones de Rafael Moreno se convirtieron en trabajos de referencia. Una de ellas, sobre la renovación del estadio municipal de Puerto Libertador, contribuyó a impulsar su fama pública: pese a contar con un contrato de más de 960.000 euros y ampliaciones, las obras fueron abandonadas sin llegar a terminarse nunca. Con su ironía mordaz, Rafael Moreno bautizó la obra el Estadio de la eternidad. En esa región pobre y azotada por la violencia de la guerrilla y de la delincuencia organizada, el escándalo y los montos despilfarrados causaron indignación, y a la vez dieron notoriedad a Moreno.
Pero este tipo de trabajos también le acarreó amenazas por parte de los grupos armados. En la región, estos grupos cobran de manera sistemática una parte de cualquier recurso destinado a las obras públicas, una práctica a la que Rafael Moreno se refirió como la vacuna durante una conversación con Forbidden Stories el 7 de octubre de 2022. Estas comisiones se esfumaban cuando Rafael Moreno denunciaba los contratos, lo que provocaba la ira de las facciones, que de pronto lo señalaron como un hombre a matar. En 2019, los Caparrapos, una guerrilla mafiosa que causa estragos en el país, lo designó como blanco militar. En 2021 fue secuestrado durante varias horas y sometido a un interrogatorio por el Clan del Golfo, un grupo armado que rivaliza con los Caparrapos para hacerse con el control de Córdoba.
Rafael Moreno dio a conocer estas amenazas a la Unidad Nacional de Protección (UNP), el organismo colombiano encargado de coordinar las medidas de protección para los periodistas amenazados. Sin embargo, las medidas de protección del periodista fueron poco eficientes y a menudo fallaban, como sucedió el propio día de su asesinato.
A pesar del peligro, el periodista publicaba notas críticas, y a la par presentaba quejas y solicitudes de información contra la administración de Espedito Duque. En el sistema colombiano, estas solicitudes pueden provocar la apertura de investigaciones judiciales, que a su vez pueden derivar en condenas penales, si las autoridades consideran que se cometió un fraude. Según Walter Álvarez, un periodista cercano a Rafael Moreno, las solicitudes se convirtieron en la principal amenaza para su amigo. “Se puede hacer que se olvide una investigación periodística con el tiempo. Pero cuando esta investigación te puede llevar a la cárcel es otra cosa. Yo nunca me atreví a entrarle, no todos estamos dispuestos a asumir este riesgo”.
Al revisar el buzón electrónico de Rafael Moreno, Forbidden Stories y los socios del Proyecto Rafael consultaron un documento exclusivo que muestra cómo el periodista buscaba exhibir un sistema de clientelismo en la adjudicación de contratos públicos bajo la administración de Espedito Duque y de su sucesor. Se trata de una queja administrativa -que cualquier ciudadano colombiano puede presentar- por “hechos de corrupción, desvío de dinero público, tráfico de influencias y clientelismo”, presentada el 5 de enero de 2021 contra Espedito Duque y sus colaboradores.
La queja, de 21 hojas, retrató minuciosamente los métodos de la alcaldía. “Durante su administración en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, el alcalde Espedito Manuel Duque Cuadrado se caracterizó por cometer toda clase de delitos en contra de la administración pública”, planteó. Rafael Moreno describió lo que, en su opinión, era el modus operandi del clan político. “En su administración, patrocinó y ayudó a constituir y legalizar en la Cámara de Comercio de Montería un sinnúmero de oenegés, para sus amigos cercanos y de esa manera contratar con ellos y tener la facilidad de apropiarse de los recursos públicos para cumplirles a las personas con las dádivas”. Agregó: “Nunca antes se habían constituido tantas organizaciones sin ánimo de lucro en Puerto Libertador solo con el fin de contratar con el municipio y así legalizar contratos de obras públicas”.
Entre la decena de organizaciones que señaló, Rafael Moreno citó a Serviexpress ATP SAS, que según él fue fundada, según varias fuentes, por un miembro cercano de Espedito Duque, para beneficiarse de grandes contratos públicos. También denunció la asociación Renacer IPS SAS, cuyo representante legal era el hijo de un colaborador de Duque y que obtuvo dos contratos por una cantidad total de cerca de 73.000 euros.
Después de su mandato de cuatro años como alcalde, el patrimonio personal de Espedito Duque incluía varios locales comerciales, una mansión con un valor de 69.000 euros y una finca, según documentó el periodista: “Sus ingresos como alcalde no le permiten adquirir todos estos bienes”, denunció. En su queja, mencionó también una lista de contratos de obra pública que fueron celebrados, pero nunca ejecutados. Al final del escrito de la queja, Rafael Moreno firmó con su propio nombre, como siempre lo hacía. Hasta la fecha, esta queja permanece en el limbo de los sordos.
En el marco del Proyecto Rafael, coordinado por Forbidden Stories, el medio colombiano de investigación Cuestión Pública, especializado en temas de corrupción y de abuso de poder, y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), continuaron el trabajo del periodista sobre los desvíos de recursos públicos. Mediante el análisis sistemático de todos los contratos públicos celebrados por las administraciones de Espedito Duque y su sucesor Eder John Soto entre 2016 y 2022, el consorcio confirmó, como sospechaba Rafael Moreno, la existencia de un sistema de clientelismo en el otorgamiento de contratos públicos, que se extendió a todos los sectores.
La investigación muestra que, durante ese periodo, 99 contratos públicos fueron firmados con 13 empresarios que forman parte del círculo cercano del clan Duque, por un valor total de cerca de tres millones de euros.
Tan solo cinco empresas, entre ellas, algunas que no tenían experiencia previa en obras públicas, acapararon 96% de estos contratos de la alcaldía. La mayor parte de estas empresas pertenecían a Martín Montiel Mendoza, un cercano de la familia de Espedito Duque. Entre 2016 y 2022, la alcaldía de Puerto Libertador firmó 56 contratos –más de la mitad por adjudicación directa, es decir, sin licitación— con tres compañías que pertenecían a Martín Montiel Mendoza, por un monto total de cerca de 900.000 euros.
La primera de ellas, Corporación Visión Juvenil, fue constituida como asociación sin fines de lucro en 2014, apenas un año y medio antes de la elección de Espedito Duque a la alcaldía. A partir de ese momento, la compañía proveyó servicios logísticos para eventos culturales y deportivos, y firmó contratos por valor de 600.000 euros.
La segunda, Innova Construcciones e Inmobiliaria, SAS, fue fundada en 2017 y obtuvo cuatro contratos sucesivos para administrar los parques, las bibliotecas y el palacio municipal. Recibió el primero apenas diez meses después de registrarse ante la Cámara de Comercio.
La tercera, más polivalente, se llama Serviexpress Colombia; fue creada también en 2017, se ocupa del transporte, la publicidad, los recursos humanos y la asistencia a personas de la tercera edad y con discapacidad. Entre 2019 y 2022, obtuvo no menos de 16 contratos, por un monto total de cerca de 200.000 euros, principalmente para abastecer alimentos y productos de limpieza a la alcaldía.
Contactado por Forbidden Stories, Martín Montiel Mendoza no ha respondido a los correos electrónicos enviados por el consorcio.
El análisis de Cuestión Pública y CLIP también retomó el trabajo de Rafael Moreno sobre la empresa Agualcas, que suministra los servicios de tratamiento de las aguas residuales de Puerto Libertador. El periodista señalaba regularmente a la empresa, en particular por el caso de calles que con contratos que debían dotarlas de alcantarillado, sin que las obras llegaran a realizarse. El tema tenía una importancia central en este municipio, que a menudo sufre inundaciones.
La investigación revela que Agualcas, la sociedad mixta que provee los servicios de agua y alcantarillado en Puerto Libertador, gira alrededor del clan Duque. Desde la primera elección de Espedito Duque para la alcaldía, la empresa pasó a estar bajo el control de tres de sus cercanos, todos expromotores de su campaña. Durante ese periodo, la empresa recibió 13 contratos públicos, por un valor de un 1,8 millones de euros.
La empresa Agualcas no ha respondido a los correos electrónicos enviados por Forbidden Stories.
Durante sus investigaciones, Cuestión Pública y CLIP también identificaron a un presunto integrante del Clan del Golfo —organización mafiosa implicada en el secuestro de Rafael— entre los cercanos del clan Duque. Se trata de Julio César Ramos Ruiz, enfermero en el hospital de Puerto Libertador, a quien apodarían El médico. El 31 de octubre de 2019, la policía lo detuvo y fue inculpado por concierto para delinquir agravado. Según la prensa, Ramos atendía a los heridos de la organización criminal y los registraba con nombres ficticios para evitar que las autoridades los identificaran. Su juicio está programado para finales de este mes de abril.
“Esa es la teoría del caso de la Fiscalía. La teoría de la defensa es que estamos frente a un caso de falso positivo judicial”, respondió Julio César Sánchez Moreno, el abogado de Ramos, que fue puesto en libertad provisional el 15 de septiembre de 2020 tras una decisión muy criticada. Su juicio está previsto para el 27 de abril de 2023.
Cuando Ramos trabajaba en el hospital de Puerto Libertador, Eder John Soto, el sucesor de Espedito Duque en la alcaldía, era el administrador de la institución de salud. Fotografías tomadas entre 2016 y 2018 muestran que ambos hombres se conocían y se veían regularmente. Ramos, Duque y Soto son amigos en Facebook. En esa red social, el enfermero ha interactuado con Juan David Duque, el hijo de Espedito Duque, incluso después de su arresto. Un documento obtenido por Forbidden Stories revela que Eder John Soto hizo una declaración a favor de Ramos, su exempleado según el abogado de Ramos, en la óptica de su juicio. Eder John Soto no respondió a los correos electrónicos enviados por el consorcio.
Espedito Duque, por su parte, niega haber “apoyado la creación de entidades para que contrataran con el Municipio”. “Todo es totalmente falso”. Añade haber recibido un “Reconocimiento como el Mejor alcalde del Departamento”.
Rafael Moreno era impaciente. Cuando hallaba elementos sospechosos, los publicaba de inmediato. Aunque no tuvo tiempo suficiente para desvelar todos los hilos de este gran sistema de clientelismo, su determinación y sus publicaciones incesantes dañaban la imagen de los dos alcaldes y de su círculo. Las evidencias se acumulaban y se complementaban. A medida que avanzaba en sus reportajes, y que Rafael Moreno ponía contra la pared a la administración corrupta; el clan Duque respondió con amenazas directas, sobre todo a partir de 2022.
El 26 de septiembre, Miguel David Arrieta Rivera, un incondicional de Espedito Duque, contratado como un coordinador de conciliadores de paz por la alcaldía, agredió violentamente al periodista y a su colega Organis Cuadrado. En Facebook, publicó una fotografía de ambos –posteriormente la borró– con una leyenda: “Este par de extorsionistas de redes, no son ni abogados ni periodistas. Son unos vividores de redes y quienes no les dén plata, lo amenazan (…) ‘Limosneros con escopeta’, diría mi abuelo. Son los responsables de que 1.200 niños y niñas se queden sin transporte escolar”.
Desde el 24 de julio de 2022, a Rafael Moreno le interesa un contrato de transporte escolar que publica. Según él está sobrevalorado y no daría el servicio en las rutas previstas. El contrato se realizó por cerca de 190.000 euros para apenas cincuenta días de transporte en 67 rutas.
El 29 de septiembre, el periodista presentó una denuncia por injuria y calumnia contra Miguel David Arrieta Rivera, cuyo perfil le preocupaba. “Su madre y su padrastro estuvieron en prisión y se encuentran en calidad de imputados por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y narcotráfico, lo que pone mucho más en riesgo tanto mi seguridad como la de mi familia”, señaló en la denuncia, revelada por el consorcio. Ésa fue la última denuncia que presentó Rafael Moreno.
Cuando Forbidden Stories se puso en contacto con él, Miguel David Arrieta Rivera dijo que estaba demasiado enfermo para responder a sus preguntas.
Los ataques del clan Duque no frenaron al periodista, quien estaba atareado con un segundo caso, “una bomba a punto de estallar para los Duque”, según José Fernando Bula Moreno, su sobrino. El escándalo amenazaba directamente a la familia, cuya imagen ya estaba muy dañada por sus revelaciones anteriores. En sus redes sociales, el periodista retomó una antigua historia sórdida, la de una violación contra una menor de edad que implicaba a uno de los hijos de Duque. Carlos Escobar Zapa era uno de los fiscales a cargo del caso.
Rafael Moreno sabía que el caso era sensible, pero se lo tomó como un asunto personal. El periodista obtuvo un contrato de arrendamiento de un edificio del 23 de septiembre de 2016 y que fue renovado el 28 de febrero de 2017, firmado tanto por la esposa del fiscal como por Esposito Duque, en nombre de la alcaldía. La justicia de Colombia ya tenía el ojo puesto sobre este contrato, pero Rafael Moreno pretendía mostrar que Espedito Duque otorgó este contrato para enterrar la investigación por violación que pesaba sobre su hijo. El caso fue cerrado por "falta de pruebas" en abril de 2017, apenas dos meses después de la firma del segundo contrato de arrendamiento.
Espedito Duque ha corroborado al consorcio que no conocía al propietario del edificio cuando se firmó el contrato.
Contactado por Forbidden Stories, Carlos Escobar Zapa indicó que está separado de su esposa desde 2015. “Cuando terminamos en malos términos, yo lo único que le dije es que 'tú te quedas con tu casa'”, indicó. “Me enteré entonces que había hecho un contrato con la alcaldía para que funcionaran unas dependencias de la alcaldía. Nunca tuve conocimiento, yo ya había firmado un poder para que vendiera la casa. Ella arrendó sin yo saber, no sé cómo hizo (...) Me defendí de eso. Me abrieron una investigación disciplinaria, salí limpio, yo no tenía nada que ver con eso”, afirmó. Una investigación judicial sigue abierta.
Sobre este caso de abuso sexual, niega todo acuerdo celebrado con Espedito Duque.
Según el sobrino de Rafael Moreno, “Espedito tenía un pie en la cárcel con este asunto”. Agrega: “Rafael iba a hacer todo para que la investigación no terminara con un enésimo sobreseimiento. Una semana antes de ser asesinado, había advertido a los jueces que seguían el caso que, si aceptaban dinero, él los denunciaría”. El 12 de octubre, cinco días antes del asesinato, Rafael Moreno dijo a un amigo, mientras estaban en un carro, que “si todo va bien, tendremos una orden de aprehensión contra Espedito Duque”. Su interlocutor le advirtió sobre el peligro que corría con sus incesantes publicaciones sobre el caso.
Forbidden Stories tuvo acceso a un documento del 12 de octubre que indica que, todavía cuatro días antes de su muerte, el periodista buscaba elementos sobre el caso. Lo hizo, entre otros, a través de una “solicitud de tutela”, un procedimiento que pide a la justicia de Colombia ordenar que se entregue una información solicitada de manera legítima, y que no obtuvo respuesta. Tres semanas antes, el periodista había solicitado a la alcaldía de Puerto Libertador que le entregara los justificantes de pagos de los arrendamientos, pero en vano. El 13 de octubre de 2022, según otro documento obtenido por Forbidden Stories, la justicia dio la razón a Rafael Moreno: aceptó su solicitud de tutela y dio un plazo de tres días a la alcaldía de Puerto Libertador para enviar los documentos. Rafael Moreno fue asesinado el 16 de octubre, un día antes del vencimiento del plazo, sin obtener la respuesta que esperaba.
Un funcionario, que trabajó más de diez años en la oficina que recibe las denuncias de mujeres víctimas de abuso sexual, afirma que más de una decena de jóvenes acusaron al hijo de Espedito Duque por violaciones o agresiones sexuales, pero solamente dos presentaron denuncias formales. Agrega, con tristeza: “Según lo que pude ver aquí, las carpetas misteriosamente cerradas, no creo que haya una ciudad más corrupta en el mundo que donde vivimos; aquí hemos sufrido amenazas de cercanos de Duque y del fiscal Zapa”.
Consultado al respecto, el fiscal Carlos Escobar Zapa explicó que no estaba enterado. “Mi familia son personas decentes. No tengo vínculo con ningún tipo de organización ni ningún familiar es miembro de ese tipo de organizaciones”.
Tan solo en 2022, la Comisión de Disciplina Judicial de Córdoba tenía al menos cuatro investigaciones preliminares contra el fiscal. Desde el asesinato de Rafael Moreno, ningún periodista se ha atrevido a publicar nada sobre este caso, que establece un vínculo entre Carlos Escobar Zapa y la familia Duque.
En el Departamento de Córdoba, los reportajes periodísticos se volvieron menos incisivos. El 2 de noviembre de 2022, Yamir Pico, primo de Rafael Moreno y periodista, anunció el cierre de su medio, debido a las amenazas que recibía. Lo volvió a abrir, pero “esta vez sin hacer ninguna investigación”. Walter Álvarez, periodista, se concentra ahora en el deporte y las actividades culturales de la ciudad. Tiene cuatro hijos y no quiere “terminar como Rafael”. Un activista ha rechazado la ley del silencio: Andrés Chica, un amigo de Rafael Moreno. El 23 de febrero, informó en Whatsapp y Facebook que la Alcaldía de Puerto Libertador habría pagado para que la investigación sobre la muerte de Rafael Moreno no apuntara hacia su administración. Al día siguiente, Andrés Chica recibió mensajes de texto de Espedito Duque, cuestionándolo sobre su publicación. El activista se justificó: “He sopesado cada palabra de mi publicación”. La respuesta de Espedito Duque llegó enseguida: “¡Sabes lo que haces! (...) y sabes cómo están las cosas aquí en Puerto”. El tono amenazante de las respuestas empujó al periodista, cuya publicación se hizo viral, a abandonar Córdoba, y a refugiarse en otro lugar.
Cerca de seis meses después de la muerte de Rafael Moreno, nadie ha sido condenado por su asesinato. Para evitar las injerencias a nivel local, el caso fue trasladado a la fiscalía de Medellín, ciudad capital del Departamento de Antioquia..
Espedito Duque planea reconquistar la alcaldía de Puerto Libertador el próximo mes de octubre. El hijo del patriarca de la familia Calle, Gabriel Calle Aguas, todavía se presenta como candidato al cargo de Gobernador de la provincia para los mismos comicios. Esta vez, sin embargo, el ojo crítico de Rafael Moreno no estará abierto para supervisar las campañas.
Andrea Rincón (Cuestión Pública), Edier Buitrago (Cuestión Pública), Claudia Duque (freelance), Juan Diego Quesada (El País), Ivonne Rodriguez (CLIP), Felipe Morales (El Espectador), entre otros, contribuyeron con esta investigación.
Texto traducido por Mathieu Tourlière y Elena Garcia.
'Proyecto Rafael' es una investigación colaborativa e internacional que saca a la luz grandes hallazgos sobre el impacto medioambiental y sanitario de varias empresas mineras del Estado de Córdoba, en Colombia, además de un sistema de favoritismo masivo y de una probable malversación de millones de dólares de contratos públicos, que el periodista colombiano Rafael Moreno había investigado de cerca antes de ser asesinado en octubre de 2022.
En Colombia, Rafael Moreno denunció los daños causados por la actividad minera en su región, antes de ser silenciado.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
